Los delitos contra el patrimonio son aquellas conductas penales que afectan a los bienes, derechos o intereses económicos de una persona, empresa o entidad. Dentro de esta categoría se incluyen delitos como el hurto, el robo, la estafa, la apropiación indebida, la extorsión, los daños, la usurpación o la administración desleal.
En Pacta Legem abordamos los delitos contra el patrimonio desde un análisis completo de los hechos, la prueba disponible y la calificación jurídica aplicable. Estudiamos la denuncia, el atestado policial, las declaraciones, los documentos económicos y cualquier elemento probatorio relevante para diseñar una estrategia de defensa eficaz desde el primer momento.
Estudiamos los hechos denunciados, la conducta atribuida y el tipo penal aplicable. Valoramos si concurren los elementos necesarios del delito, si existe prueba suficiente y qué estrategia resulta más adecuada para la defensa del cliente.
Intervenimos en procedimientos por robo, hurto, daños, apropiación indebida, estafa, extorsión y otros delitos patrimoniales. Analizamos la cuantía, la forma de comisión de los hechos y las posibles circunstancias atenuantes o eximentes.
Acompañamos al cliente durante toda la fase de investigación: declaración ante el juzgado, proposición de diligencias, análisis de pruebas y preparación de la estrategia procesal antes de la apertura de juicio oral.
Cuando resulta conveniente para los intereses del cliente, valoramos la posibilidad de alcanzar acuerdos, reparar el perjuicio causado o plantear una conformidad que permita reducir las consecuencias penales del procedimiento.
Sí. En los delitos contra el patrimonio, además de la condena penal, puede reclamarse la responsabilidad civil. Esto permite solicitar la devolución del dinero, la restitución del bien o una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
Lo más importante es no declarar sin haber hablado antes con un abogado penalista. Antes de dar cualquier versión de los hechos, conviene revisar la denuncia, el atestado policial y la prueba existente para valorar la estrategia de defensa más adecuada.
Depende del caso. La devolución del dinero, la restitución del bien o la reparación del perjuicio pueden ayudar a reducir la pena o facilitar un acuerdo, pero no eliminan automáticamente la responsabilidad penal. Es necesario analizar el delito concreto, el momento procesal y la posición de la acusación.
