Los delitos fiscales son aquellas conductas que consisten en defraudar a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social o a otros organismos públicos mediante la ocultación de ingresos, la simulación de operaciones, la utilización de facturas falsas, la elusión del pago de tributos o cuotas, o la obtención indebida de devoluciones, beneficios fiscales o subvenciones.
En Pacta Legem abordamos los delitos fiscales desde una perspectiva penal, tributaria y probatoria. Analizamos el origen de la investigación, las actuaciones de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social, la documentación contable y fiscal disponible, y la posible responsabilidad de administradores, socios, asesores o terceros intervinientes.
Estudiamos la documentación tributaria, contable y bancaria del cliente para valorar si los hechos pueden tener relevancia penal o si se trata de una discrepancia administrativa, contable o interpretativa sin trascendencia penal.
Intervenimos en procedimientos relacionados con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, especialmente cuando existe riesgo de derivación al ámbito penal. Revisamos liquidaciones, actas, requerimientos, informes de inspección y cualquier actuación administrativa previa.
Valoramos la posibilidad de regularizar la situación fiscal, reparar el perjuicio económico o adoptar medidas que puedan reducir el riesgo penal o mejorar la posición procesal del cliente. Cada decisión se analiza en función del momento del procedimiento y de la naturaleza de los hechos.
Asumimos la defensa durante la fase de instrucción, declaración como investigado, práctica de diligencias, informes periciales, escrito de defensa y juicio oral. Trabajamos especialmente la inexistencia de ánimo defraudatorio, la falta de prueba suficiente o la posible existencia de una controversia tributaria no penal.
Sí, en determinados casos una inspección tributaria puede derivar en un procedimiento penal si la Administración considera que existen indicios de delito fiscal. Por eso es importante actuar con cautela desde el inicio, revisar bien la documentación y evitar respuestas precipitadas que puedan perjudicar la defensa posterior.
Lo primero es acudir a un abogado con experiencia en derecho penal fiscal antes de declarar o aportar documentación. Es fundamental analizar el expediente, el origen de la deuda reclamada, las liquidaciones practicadas y si realmente existe una conducta dolosa o si se trata de una discrepancia tributaria.
Sí, si existen indicios de una conducta defraudatoria con relevancia penal puede estudiarse la presentación de una denuncia. Para ello es importante recopilar documentación, facturas, contratos, correos electrónicos, justificantes de pago, movimientos bancarios o cualquier prueba que permita acreditar los hechos.
