PACTA LEGEM

Abogado penalista en Madrid | Compliance Penal

Defensa corporativa y diseño de programas de Compliance para eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa. Primera consulta sin compromiso.

¿Qué es la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas?

Desde 2010, las empresas en España pueden ser condenadas penalmente por los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de ellas, por sus representantes legales, directivos o empleados, si no contaban con medidas de control adecuadas (Compliance).

¿Cómo actuamos en tu defensa?

En Pacta Legem abordamos este tipo de procedimientos desde el análisis forense del caso antes de cualquier declaración. Estudiamos el atestado policial, la calificación provisional del Ministerio Fiscal y los elementos probatorios disponibles para construir una estrategia de defensa sólida desde el inicio.

Análisis del caso y valoración penal

Revisamos los hechos, la calificación jurídica y las posibles atenuantes o eximentes antes de que se produzca ninguna declaración.

Asistencia al detenido

Actuamos en comisaría desde el primer momento. El acceso inmediato a un abogado puede determinar el desarrollo completo del procedimiento.

Defensa en instrucción y juicio oral

Acompañamiento completo a lo largo del procedimiento: diligencias previas, fase de instrucción, escrito de defensa y juicio oral ante la Audiencia o el Juzgado de lo Penal.

Recursos y apelaciones

Si la sentencia no es favorable, analizamos las vías de recurso ante la Audiencia Provincial o el Tribunal Superior de Justicia.

Servicios de Compliance y Defensa Corporativa
Por qué confiar en Pacta Legem para este tipo de casos

Preguntas frecuentes sobre Compliance Penal

Un programa de Compliance Penal es un conjunto de medidas, políticas y protocolos internos diseñados para prevenir, detectar y gestionar riesgos penales dentro de una empresa.
Si la empresa cuenta con un modelo de prevención de delitos (Compliance) eficaz y bien implementado antes de la comisión del delito, puede quedar exenta de responsabilidad penal.
Las penas pueden ir desde multas económicas muy elevadas, hasta la suspensión de actividades, clausura de locales, inhabilitación para obtener subvenciones o incluso la disolución de la sociedad.
No es obligatorio por ley para todas las empresas, pero es altamente recomendable, ya que es la única vía legal para eximir a la empresa de responsabilidad penal si un empleado o directivo comete un delito.